Trabajo hace cinco años en Sanima, una empresa social peruana que provee un servicio de saneamiento con una tecnología conocida como saneamiento de contenedores (container based sanitation), que es considerada saneamiento seguro por Naciones Unidas y de la que somos orgullosamente pioneros en Sudamérica. Actualmente, Sanima atiende a 1,250 hogares (7,000 personas) en zonas urbanas de Lima que no cuentan con provisión estatal de agua y alcantarillado. Instalamos dentro de cada hogar un baño que separa heces de orina y que no utiliza agua, y recolectamos semanalmente los residuos de cada baño para disponerlos de manera segura. Esto, a cambio de un pago mensual por el servicio. Antes de contratar el servicio de Sanima, la alternativa para la mayoría de estos hogares era cavar un hoyo en suelo y usarlo como baño, dejando los residuos debajo de sus casas, lo que atrae insectos y genera malos olores. Cuando el hoyo se llena, hay que taparlo y hacer uno nuevo, hasta que este también se llene. No es necesario explicar el enorme riesgo para la salud, el medioambiente y el golpe a la dignidad de las personas que esto representa, ni lo preocupante que puede ser un silo cuando en casa hay niñas y niños pequeños, adultos mayores o personas con discapacidad. Lamentablemente, esta situación es tan dura como común. Según los últimos informes disponibles del INEI, hay más de 120 mil hogares en Lima Metropolitana que no tienen conexión al alcantarillado y, en el Perú, es la realidad de 1 de cada 4 personas.

¿Por qué hoy 25% de compatriotas no tiene garantizado un derecho tan básico y necesario para la vida? El problema es estructural, complejo, y va mucho más allá del saneamiento, pues está relacionado con la forma en que se ha construido la ciudadanía en nuestro país: en el Perú cada peruana o peruano debería tener acceso a derechos como educación, salud, servicios e infraestructura básica, entre otros. Estos son los mínimos necesarios para que una persona construya su futuro en libertad. En la práctica, que estos derechos se hagan efectivos depende de factores como el lugar de nacimiento, el género o la etnicidad, por mencionar algunos. La ciudadanía no es plena ni igual para todos y eso pinta un punto de partida desigual que solo se acrecienta con el tiempo. Según el INEI, en el 2021, 25.9% de la población vivía en pobreza monetaria. Esto, como indica Naciones Unidas, significa que sufren privaciones como vivienda insegura, falta de alimentos nutritivos, condiciones de trabajo peligrosas, falta de poder político, acceso desigual a la justicia. Todas ellas se interrelacionan y potencian, generando un círculo del que es muy difícil escapar.

El 17 de octubre es El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y creo que es necesario entender, discutir y actuar en base a una premisa: la pobreza es un problema estructural de la sociedad en su conjunto y no una circunstancia individual de la que se debe redimir solo quien es afectado por ella. Es nuestra responsabilidad construir y demandar una ciudadanía plena para cada peruana y peruano. Y es vital hacerlo no solo desde nuestra posición sino, sobre todo, desde donde decidamos posicionarnos.

L+1 es una red que promueve el impacto económico, ambiental y social positivo, así como la competitividad en los sectores más productivos del país. Este blog comparte experiencias de impacto positivo de líderes peruanos que trabajan por el desarrollo sostenible.